Los legisladores bolivianos aprobaron el viernes un acuerdo de préstamo de 1.900 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, lo que representa una victoria clave para el gobierno conservador en sus esfuerzos por aliviar la profunda crisis económica del país, mientras los sindicatos amenazaban con nuevas protestas .
Apenas unas horas después de que el Congreso aprobara el préstamo, el presidente Rodrigo Paz anunció el fin inmediato de los subsidios al diésel que alimenta los camiones, autobuses y tractores de Bolivia, un paso para cumplir con las exigencias del FMI. La gasolina, utilizada principalmente en automóviles particulares, seguiría subsidiada por el momento, aunque Paz ya había reducido ese apoyo en los últimos meses.
El Senado ratificó el acuerdo con el FMI un día después de su aprobación por la Cámara de Diputados, superando así el último obstáculo legislativo para el programa de financiamiento trienal destinado a reponer las menguantes reservas de divisas y estabilizar la maltrecha economía, marcada por una alta inflación y un débil crecimiento. El FMI anunció por primera vez el acuerdo a nivel técnico en julio, tras meses de negociaciones con el gobierno de Paz, favorable al mercado, que asumió el poder el año pasado después de casi dos décadas de gobierno socialista, como parte de una ola de nuevos líderes latinoamericanos aliados con la administración Trump .
El programa aún requiere la aprobación del directorio ejecutivo del FMI antes de que se puedan desembolsar los fondos. El ministro de Economía, Christian Morales, declaró ante los senadores que el acuerdo infundiría mayor confianza en el gobierno a otros prestamistas, incluidos el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, y le ayudaría a obtener cerca de 5.000 millones de dólares en financiación adicional.
Pero la ayuda está condicionada a la imposición de duras medidas económicas, incluida la eliminación de los subsidios a los combustibles, que amenazan con reavivar la inestabilidad en Bolivia, donde semanas de bloqueos viales en junio y julio paralizaron gran parte del país sudamericano mientras los manifestantes exigían la renuncia de Paz. El jueves, el Congreso prorrogó por otros 90 días el estado de emergencia que Paz había declarado para despejar las carreteras durante las protestas. Este estado permite la intervención militar y la suspensión de algunas libertades civiles.
