En el marco de las acciones del Ministerio del Interior (Mininter) para fortalecer el control de armas de fuego y combatir el crimen organizado, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) detectó irregularidades en dos casos que involucran 131 armas de fuego en Junín y Pasco.
Estos resultados evidencian la importancia de reforzar la fiscalización del armamento de uso civil, verificar que se encuentre bajo control de sus titulares y prevenir su posible desvío hacia circuitos ilegales.
Esta labor se complementa con la propuesta legislativa anunciada por el ministro del Interior, César Astudillo, ante el Congreso, orientada a modificar la regulación de las armas de uso civil y establecer límites a la cantidad de armas que pueden registrarse bajo las categorías de caza, deporte y colección.
“Estamos fortaleciendo la fiscalización en territorio y los resultados ya se están dando. Nuestro trabajo no termina cuando detectamos una irregularidad: articulamos con la Policía Nacional y llevamos los casos ante el Ministerio Público para que sean investigados. Combatir la criminalidad también significa anticiparnos, esclarecer el destino de las armas y evitar su desvío hacia circuitos ilegales”, afirmó el superintendente nacional de la Sucamec, Eswin Manay Guerrero.
Satipo: 84 armas no estaban en poder de sus titulares
El primer caso se registró en la comunidad nativa Betania-Chauja, en el distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, donde personal de la Sucamec y de la Policía Nacional del Perú (PNP) verificó la situación de 84 armas registradas a nombre de tres hermanos cuyas licencias habían sido canceladas.
El armamento comprende 77 carabinas calibre .223 REM y siete pistolas calibre 9 x 19 mm. Durante la intervención fueron ubicados Diego Nialdo Chumpati Martín y Kioshi Chumpati Martín, quienes manifestaron que ya no tenían las armas en su poder. El tercer titular, Richard Chumpati Martín, no fue ubicado.
Las diligencias permitieron obtener información sobre una presunta transferencia del armamento a terceros, así como referencias a personas y empresas vinculadas con su comercialización. Parte de estos datos fue contrastada con los registros institucionales.
Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Satipo, que dispuso el inicio de diligencias preliminares para esclarecer el destino de las armas y determinar las responsabilidades que correspondan.
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