Como parte de las acciones del Gobierno para enfrentar a la delincuencia y al crimen organizado, se presentaron los primeros resultados del Comando Unificado en La Libertad, una estrategia que articula las capacidades de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas para intensificar las operaciones, recuperar el control territorial y reforzar la seguridad ciudadana.
Durante la jornada en Trujillo, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, acompañada por el ministro del Interior, César Astudillo, destacó la importancia del trabajo conjunto de las fuerzas del orden para enfrentar a las organizaciones criminales y fortalecer la presencia del Estado en las zonas más afectadas por la delincuencia.

“Han llegado fuerzas de élite, que se están desplazando en las zonas más peligrosas de nuestro país. Y agradezco el respaldo de nuestra Policía Nacional y de nuestras Fuerzas Armadas, que han entendido que hoy, para enfrentar a la delincuencia, que está quitándole la vida a tantos ciudadanos peruanos, tenemos que hacerlo de manera conjunta”, expresó la mandataria.
En ese marco, el sector Interior fortalece la articulación operativa de la Policía Nacional con las Fuerzas Armadas y el despliegue de unidades especializadas para enfrentar a las organizaciones criminales en la región.

Como parte de las acciones de control y fiscalización del armamento, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), entidad adscrita al Ministerio del Interior, presentó 210 armas de fuego incautadas y decomisadas que se encuentran bajo control del Estado. De este total, 90 quedaron habilitadas para su destrucción mediante fundición, conforme a la normativa vigente.
Las armas presentadas forman parte de las acciones destinadas a fortalecer el control estatal sobre el armamento e impedir que llegue a manos de organizaciones criminales o vuelva a circular ilegalmente. De las 210 armas, 120 provienen de incautaciones realizadas en Pataz, intervenciones conjuntas con la PNP y entregas voluntarias efectuadas en el marco de la amnistía vigente. Las 90 restantes, previamente decomisadas, quedaron habilitadas para su destrucción.

Al respecto, el superintendente nacional de la Sucamec, Eswin Manay Guerrero, destacó la importancia de fortalecer la fiscalización y el trabajo articulado con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para garantizar el control del armamento.
“Desde la Sucamec tenemos una responsabilidad clara: evitar que las armas de fuego terminen en manos de la delincuencia. Por ello, estamos fortaleciendo la fiscalización y el trabajo articulado con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. No basta con retirar armas de circulación; debemos garantizar que permanezcan bajo control del Estado e impedir que vuelvan a circular ilegalmente”, afirmó el superintendente.

Unidades especializadas de la PNP reforzarán las operaciones en La Libertad
Como parte de las acciones del Comando Unificado, la presidenta Keiko Fujimori lideró la presentación de efectivos de unidades especializadas de la Policía Nacional que reforzarán las operaciones contra la criminalidad en La Libertad. Este despliegue incluye personal trasladado desde Lima a Trujillo para intensificar las intervenciones contra las organizaciones criminales.
Entre las unidades participantes se encuentran la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT), la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) y el Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (Grecco), cuyos efectivos están preparados para ejecutar intervenciones de alto riesgo y operaciones contra organizaciones criminales de alcance nacional y transnacional.

Con este despliegue, el Gobierno refuerza la acción coordinada de las fuerzas del orden para enfrentar a las organizaciones criminales y recuperar la tranquilidad de la población. El Ministerio del Interior, en coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, continuará impulsando las operaciones y acciones de control para fortalecer la seguridad en La Libertad.
La jornada contó con la participación de los ministros de Defensa, Rafael Belaúnde, y de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; así como del comandante general de la PNP, general de Policía Fredy López Mendoza, entre otras autoridades.
















